Debido a la difícil situación epidemiológica que afecta a La Habana, provincia que luego de un mes de haber transitado por la primera etapa pos COVID-19 retrocedió a la de transmisión autóctona, las autoridades de la capital han intensificado las medidas contra la población para reducir la propagación del virus.

Este 28 de agosto el periódico oficialista Tribuna de La Habana, publicó un artículo donde reseña el trabajo emprendido por funcionarios e instituciones de la capital a ese respecto. «Detalles sobre los procesos judiciales relacionados con el incumplimiento de las medidas sanitarias… fueron expuestos esta semana a los medios de prensa por el Tribunal Provincial Popular de La Habana».

Yojanier Sierra Infante, presidente del tribunal capitalino, alegó que «existe un interés de nuestro pueblo en conocer estos resultados», y aclaró que la información ofrecida es de procesos ya juzgados por el Tribunal, desde abril hasta la actualidad, y sirve no solo «para evidenciar los resultados en el juzgamiento, sino, y más importante, para que sirva de prevención a la población  y, de forma especial, va dirigida a aquellos ciudadanos que, a pesar del llamado de las autoridades, persisten en el incumplimiento de las medidas y cometen delitos».

El artículo del periódico oficialista precisa que las principales conductas juzgadas por quebrantar lo establecido en aras de hacer frente la transmisión de la COVID-19 «han sido no usar el nasobuco en la vía pública, siendo requerido el acusado en varias ocasiones anteriores y algunos con mala conducta social; faltarle el respeto al agente del orden público cuando le requiere por no usar el nasobuco en la vía; resistírsele al agente cuando va a ser conducido a la estación de la PNR por no utilizar la mencionada prenda; encontrar cuchillos, cuchillas y navajas cuando se detiene y cachea al ciudadano por incumplir con medidas sanitarias (lo cual constituye otro delito por portación ilegal de armas) y organizar o desarrollar fiestas en ríos, piscinas o casas particulares, en alguna de ellas con ventas de bebidas alcohólicas y comida».

Uno de los ejemplo que cita el Tribuna de la Habana es el de un ciudadano de poco más de 50 años que había sido sancionado en marzo a seis meses de privación de libertad por el delito de «desobediencia» en la etapa de COVID-19, luego de ser requerido, apercibido y multado por la Policía en tres oportunidades. «Se le otorgó el beneficio de libertad condicional y volvió este mes a ser detectado ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y el nasobuco colgando del cuello. Esta vez se condenó a un año de privación de libertad, límite máximo que prevé la figura de propagación de epidemias».

Según lo expuesto por Yojanier Sierra Infante, el 70 por ciento de los sancionados por incumplir con las medidas sanitarias, cerca de 800 ciudadanos, han sido condenados a penas de encierro y al resto se les ha impuesto multas y sanciones subsidiarias en libertad.