El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, propuso el martes que los comercios, restaurantes y servicios estatales de Cuba imiten fórmulas del sector privado para resolver sus problemas endémicos, como la ineficiencia, la mala atención al público o el robo de recursos.

El dirigente, que relevó en el poder a Raúl Castro en abril del año pasado, se preguntó «por qué no hacemos lo que hace el sector no estatal» durante su asistencia a la presentación del balance de 2018 y proyecciones para 2019 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) cubano.

Díaz-Canel, cuyas palabras fueron recogidas por la agencia estatal ACN, también afirmó que «lo estatal no puede ser lo más feo» y exigió orden, armonía y limpieza en los establecimientos comerciales públicos, superados en estos aspectos por los nuevos negocios privados surgidos en la última década tras la moderada apertura económica del menor de los Castro.

El Mincin, que gestiona 26 actividades comerciales con un total de 158.000 trabajadores, señaló en su balance numerosos problemas, desde resultados negativos e impagos de los comercios estatales o la falta de un mercado mayorista hasta «indisciplinas y violaciones».

En este sentido, el presidente cubano apuntó directamente a la corrupción de funcionarios que presuntamente llevan a cabo hurtos de materiales y productos, lo que influye negativamente en la productividad, y reiteró que «el presupuesto del Estado no se usará para pagar robos».

Asimismo, instó a los responsables de los comercios estatales a hacer uso de las nuevas tecnologías y a «tener inquietud revolucionaria», esto es, «molestarse cuando las cosas se hacen mal, cuando se entorpece», así como a sensibilizarse con los problemas de los ciudadanos.

No es la primera vez que un informe del Gobierno cubano revela resultados deficientes o prácticas irregulares en los establecimientos estatales, problemas que el nuevo presidente critica habitualmente en sus intervenciones públicas.

Además del sector estatal, que continúa siendo el mayoritario en Cuba, existen algo más de medio millón de personas que ejercen por cuenta propia sus negocios en varias actividades autorizadas por el Gobierno, desde el alquiler de viviendas hasta peluquerías, restaurantes y otros servicios especializados.

Fuente: El Diario